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El fiscal federal Gerardo Pollicita le dio 15 días al exjefe de Gabinete para explicar veinte puntos vinculados con su evolución patrimonial, gastos e inversiones durante su paso por el Gobierno de Javier Milei.
El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y le exigió que presente documentación para explicar el origen de distintos bienes, operaciones y gastos realizados durante el período en que ocupó cargos en el Gobierno nacional.
El requerimiento, de 207 fojas, fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y establece un plazo de 15 días para que Adorni justifique la procedencia del incremento patrimonial registrado tanto a su nombre como al de su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo con la investigación, existen movimientos que hasta el momento no encuentran una explicación suficiente por más de $43 millones y USD 402.578,12.
Qué deberá explicar Adorni
La intimación contempla 20 puntos vinculados con adquisiciones, incrementos patrimoniales y desembolsos realizados entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió su primer cargo en la gestión de Milei, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó el Gobierno.
Entre los aspectos que deberá justificar aparecen los dólares en efectivo declarados, su origen y la trazabilidad de las operaciones. La Fiscalía también pidió documentación que permita respaldar fechas, montos y movimientos bancarios o bursátiles.
Otro de los puntos está relacionado con la vivienda ubicada en el country Indio Cua, cuya titularidad figura a nombre de su esposa. La investigación busca determinar de dónde provinieron los fondos utilizados para adquirirla y afrontar las posteriores refacciones.
También deberá explicar el origen de los USD 245.000 abonados al contratista Matías Tabar por trabajos realizados en esa propiedad, además de los pagos efectuados en dólares y efectivo para la adquisición de muebles.
El requerimiento alcanza además al departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito, y solicita precisar el origen del dinero utilizado para su compra.
Viajes, gastos e inversiones en criptomonedas
La Fiscalía también puso bajo la lupa distintos gastos familiares. Entre ellos figuran viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares, además de seguros, servicios, impuestos, electrodomésticos y consumos con tarjetas de crédito.
Según la reconstrucción realizada en la causa, durante el período analizado Adorni percibió 35 salarios como funcionario público, mientras que los ingresos comprobados de su esposa llevaron los ingresos familiares a $229.752.283,20.
En el mismo período, los investigadores contabilizaron gastos por $272.820.832,20, lo que arrojaría una diferencia de $43.068.549 que la Fiscalía considera pendiente de explicación.
En dólares, el monto cuestionado asciende a USD 402.578,12, correspondiente principalmente a viajes, alquileres, refacciones y compra de muebles que, según la investigación, fueron abonados en efectivo.
Otro de los puntos está relacionado con el inicio de las inversiones en criptoactivos realizadas por Adorni y con el rendimiento de esas operaciones, que posteriormente habría sido utilizado como parte de la explicación sobre la evolución de su patrimonio.
La Fiscalía también solicitó información sobre los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko, vinculados con tres operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio.
El próximo paso puede ser la indagatoria
El requerimiento fue elaborado a partir del análisis de las declaraciones juradas patrimoniales del exfuncionario y su esposa, junto con documentación incorporada a la causa y un informe técnico de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
Ahora, Adorni deberá presentar las explicaciones y documentación solicitadas dentro del plazo establecido.
Si la Fiscalía considera que las respuestas no logran justificar las inconsistencias detectadas, el próximo paso podría ser el pedido de declaración indagatoria del exfuncionario.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y posteriormente incorporó dos ampliaciones, una de ellas realizada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
