Después de más de diez años de juicio, la Justicia responsabilizó al instituto por incumplimiento contractual y daño a un grupo de estudiantes. Entre ellas se encuentra la hernandense Romina Tissera.

Un fallo de la Justicia Civil y Comercial de Río Tercero marcó un precedente en materia de responsabilidad de instituciones educativas privadas al condenar al Instituto de Enseñanza Superior (IDES) por incumplimiento contractual y los daños ocasionados a un grupo de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Psicología.

La resolución, dictada por la jueza Romina Sánchez Torassa, determinó que el instituto promocionó una carrera que no podía garantizar, ocultando que el convenio con la Universidad de Morón —que debía otorgar el título universitario— ya se encontraba rescindido cuando las alumnas iniciaron sus estudios.

Entre las diez damnificadas se encuentra Romina Tissera, de Hernando, quien relató el largo camino que debieron atravesar hasta obtener el fallo favorable.

«Nos inscribimos para estudiar Psicología, una carrera de cinco años que se cursaba íntegramente en Río Tercero. Cuando llegamos al cuarto año empezaron las irregularidades y descubrimos que el quinto año nunca iba a dictarse porque el convenio con la universidad ya no existía», recordó.

Según explicó, durante años intentaron encontrar una solución mediante reuniones con directivos y abogados del instituto, pero nunca obtuvieron respuestas satisfactorias. «Lo único que pedíamos era que se hicieran cargo del traslado y alojamiento para poder terminar la carrera en Buenos Aires, porque no era lo que nosotros habíamos contratado. Se negaron y ahí comenzó el juicio», señaló.

Documentación adulterada y diez años de proceso

Uno de los aspectos más graves que surgieron durante la investigación fue la adulteración de documentación. «Ellos llegaron a cambiar los recibos donde decía ‘Psicología’ por ‘Psicopedagogía’. La Justicia, mediante pericias caligráficas, determinó que esos documentos habían sido adulterados», afirmó Tissera.

La damnificada también aseguró que durante el proceso judicial existieron intentos de dividir al grupo de estudiantes. «Nos quisieron ofrecer dinero, educación gratuita para nuestros hijos y reuniones privadas para que abandonáramos el reclamo. Nunca aceptamos porque queríamos que se conociera la verdad», sostuvo.

«Se rompieron sueños»

Para Romina, el perjuicio fue mucho más allá de lo económico. «Realmente es muy duro cuando te anotás en la carrera que soñaste y al final te dicen que no vas a recibir ese título. Se rompieron sueños, proyectos de vida y muchos años de esfuerzo», expresó.

Aunque logró recibirse como psicopedagoga, explicó que nunca pudo concretar su objetivo inicial. «Yo no pude ser psicóloga. Hoy trabajo como psicopedagoga, pero ese no era el proyecto que había elegido.»

Un fallo con fuerte impacto

La sentencia consideró que el IDES violó el deber de información, la buena fe contractual y la confianza depositada por los estudiantes, encuadrando el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor.

Además del daño económico, el fallo reconoce la frustración del proyecto de vida, la pérdida de oportunidades, el daño moral y daño punitivo, contemplando incluso tratamientos psicológicos para las damnificadas.

El abogado patrocinante, Álvaro Vilariño, destacó que el pronunciamiento establece un precedente importante al considerar que las instituciones educativas «no venden mercadería, sino futuro y confianza».

La causa aún no terminó

Si bien la sentencia representa una importante victoria para las estudiantes después de una década de litigio, el proceso todavía no concluyó.

«Ganamos el juicio, pero ellos ya anunciaron que van a apelar. Nosotros solo queremos cerrar esta etapa y que toda la sociedad conozca lo que pasó«, concluyó Tissera.

El fallo aún no se encuentra firme y podrá ser revisado por una instancia superior si el instituto presenta la correspondiente apelación.