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La fiscal de Deán Funes confirmó que una nueva declaración permitió avanzar con tres órdenes de detención. Ya fueron arrestadas 14 de las 15 personas buscadas en la causa.
La investigación por grooming y abuso sexual contra menores en el norte de Córdoba sumó nuevos detenidos luego de que una cuarta presunta víctima brindara su testimonio ante la Justicia.
La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, confirmó que la declaración permitió avanzar con tres nuevas órdenes de detención, de las cuales dos ya fueron efectivizadas.
Uno de los detenidos es Juan Cruz Cejas Bustamante, un policía que prestaba servicios en Córdoba capital. El segundo sospechoso fue arrestado tras un allanamiento realizado en su vivienda de Villa de María del Río Seco.
Con estas medidas, la causa acumula 15 personas con orden de detención, de las cuales 14 ya fueron arrestadas. Según explicó la fiscal, resta localizar a un sospechoso que se encontraría viajando por cuestiones laborales.
Una cuarta víctima aportó nuevos elementos
Cepede confirmó que actualmente son cuatro las presuntas víctimas contempladas en la investigación. La última tiene 16 años y, por su edad, pudo brindar declaración testimonial sin recurrir a una Cámara Gesell.
“Con motivo de esa última declaración es que han surgido estas últimas tres detenciones”, explicó la fiscal.
En el caso de Cejas Bustamante, la imputación contempla los delitos de grooming y abuso sexual con acceso carnal.
La funcionaria judicial explicó que, según la investigación, los acusados habrían mantenido comunicaciones con las menores y, en determinados casos, esos contactos habrían derivado en encuentros y abusos sexuales.
“No solamente la comunicación telemática a los fines de atentar contra la integridad sexual sino el hecho de haber concretado el abuso sexual con ellas”, precisó Cepede.
La misma acusación alcanza a los otros dos sospechosos sobre los que avanzó la investigación esta semana.
La investigación también analiza el vínculo con un legislador
Otro de los aspectos que continúa bajo análisis es el vínculo de la causa con el legislador Ernesto Ramón Flores, debido a que uno de los acusados trabajaba para él y algunos de los hechos investigados habrían ocurrido en un campo de su propiedad.
La fiscal aclaró que, por el momento, no existe en el expediente un elemento que permita afirmar que Flores conocía o encubría las situaciones investigadas.
“Lo que agravaría es si nosotros podemos concretar que él tenía conocimiento de esta situación o que encubría esta posibilidad de haber tenido esos contactos con estas menores en ese lugar, lo que aún no figura en el expediente”, señaló.
Sobre el acusado que trabajaba para el legislador, Cepede indicó que cumplía tareas como peón rural y en cuestiones domésticas, aunque se investiga si además desempeñaba alguna función específica en la Legislatura.
La fiscal explicó por qué la causa no está caratulada como trata
Otro de los puntos que generó interrogantes es por qué la investigación no está encuadrada, hasta el momento, como un caso de trata de personas.
Cepede explicó que para configurar ese delito debe existir una estructura de captación y explotación con intervención de terceros y un beneficio económico derivado de esa actividad.
“Para que haya trata de personas tiene que haber un regenteo, un proxenetismo”, explicó la fiscal.
Según los elementos reunidos hasta ahora, la investigación apunta a abusos sexuales y contactos telemáticos atribuidos individualmente. En algunos casos, esos contactos habrían derivado en encuentros sexuales y en otros no.
“Para que sea una trata de personas, un hecho federal, tiene que haber esta figura de organización y captación de menores para poder prostituirlas, cosa que en la causa hasta ahora no surge”, concluyó Cepede.
La investigación continúa abierta y la Justicia busca determinar el alcance de los hechos denunciados, las responsabilidades individuales y si existen otros involucrados.
