El Gobierno nacional autorizó un anticipo de coparticipación solicitado por la gestión de Martín Llaryora. Los fondos deberán ser devueltos antes de fin de año y tendrán una tasa de interés del 15% anual.

El Gobierno nacional autorizó este lunes un anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos para la provincia de Córdoba, luego de un pedido formulado por la administración del gobernador Martín Llaryora para hacer frente a necesidades transitorias de financiamiento. La medida fue oficializada mediante el Decreto 584/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Según establece la norma, la Provincia solicitó la asistencia debido a «dificultades financieras transitorias» para afrontar compromisos presupuestarios y obligaciones vinculadas a la amortización de deuda. El Gobierno nacional señaló que este tipo de adelantos busca brindar «soluciones inmediatas ante problemas transitorios de liquidez» que puedan atravesar las provincias.

El monto definitivo que recibirá Córdoba será determinado por la Secretaría de Hacienda, que evaluará la capacidad de repago de la provincia y su participación en el régimen de coparticipación federal. Es decir, aunque el tope autorizado es de $400.000 millones, el desembolso final podría ser inferior.

La asistencia no será un aporte no reintegrable. Los fondos deberán devolverse antes del 31 de diciembre de 2026 mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación que la provincia recibe del Tesoro Nacional. Además, el préstamo tendrá una tasa de interés nominal anual del 15%, que se aplicará desde el momento del desembolso hasta su cancelación.

Con esta decisión, Córdoba se suma a otras 15 provincias que ya recurrieron este año al mecanismo de adelantos financieros. Entre ellas se encuentran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Fe, Jujuy y Entre Ríos.

El adelanto de coparticipación es una herramienta utilizada históricamente por distintas administraciones provinciales para afrontar problemas de liquidez. La diferencia, según el Gobierno nacional, es que ahora el mecanismo quedó sistematizado con un tope global y reglas de devolución previamente establecidas.