El radicalismo acompañó el acuerdo con la Nación, aunque pidió que los recursos vayan a jubilaciones. Además, criticó la reforma del Código de Convivencia y apuntó contra la gestión provincial y municipal.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura de Córdoba acompañó en general el acuerdo de financiamiento entre ANSES y el Gobierno provincial por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones, aunque insistió en que esos recursos deben destinarse exclusivamente a mejorar los haberes.

Desde la bancada impulsaron un despacho propio para que los $120.000 millones previstos para 2026 no sean derivados a Rentas Generales, sino que impacten directamente en jubilaciones y pensiones. Entre los principales reclamos se incluyeron la eliminación del diferimiento, la quita del impuesto a la viudez del artículo 58 y la restitución del 82% móvil.

El legislador Alfredo Nigro sostuvo que “sería la medida más efectiva para defender las jubilaciones y pensiones de la provincia”, mientras que Brenda Austin cuestionó el cálculo del déficit de la Caja al afirmar que se incorporaron intereses que antes no se computaban, “inflando” la deuda de 138 mil millones a 435 mil millones con intereses “usurarios”.

Pese a estos planteos, el oficialismo aprobó el proyecto sin fijar un destino específico para los fondos, lo que generó el rechazo del radicalismo.

En paralelo, la UCR también marcó diferencias durante el debate por la reforma del Código de Convivencia, al que vinculó con el “descontrol de la vía pública” en la ciudad de Córdoba.

Desde el bloque sostuvieron que la iniciativa llegó al recinto como consecuencia de “la inoperancia del gobierno municipal”, al no haber logrado regular un problema local que terminó siendo abordado a nivel provincial.

El presidente del bloque, Matías Gvozdenovich, fue contundente en el recinto: “Este proyecto no surge por iniciativa del Ejecutivo, sino como una respuesta a una evidente falta de gestión”, y agregó que la situación se agravó por la ausencia de reglas claras.

Además, advirtió sobre la necesidad de incorporar una mirada social al problema: “Debemos generar capacitaciones para aquellos que trabajan en la calle en busca del sustento diario y brindarles nuevas oportunidades en el mercado laboral”.

Por su parte, la legisladora Alejandra Ferrero señaló: “Bienvenido el debate, aunque llega tarde”, y remarcó que la problemática ya se volvió parte del conflicto cotidiano en la provincia.

En ese sentido, concluyó: “No alcanza con prohibir, sancionar o decomisar; el Gobierno debe brindar herramientas y capacitación para que estas personas puedan acceder a empleos formales”.

De esta manera, el radicalismo dejó en claro su postura en dos debates clave: respaldo institucional a acuerdos financieros, pero con fuertes cuestionamientos al destino de los recursos y a las políticas de gestión en la vía pública.