El proyecto enviado a la Legislatura busca garantizar derechos, asistencia y participación efectiva de las víctimas durante todo el proceso penal.

El Gobierno de la provincia de Córdoba remitió a la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que crea un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa que busca ordenar, reforzar y garantizar la tutela efectiva de quienes atraviesan un proceso penal.

La propuesta —que el Ejecutivo sugiere denominar “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani— establece derechos claros y operativos, además de obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales.

El texto señala que, si bien el sistema penal contempla instancias de intervención para las víctimas, en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización. Por ello, el proyecto busca fijar un piso de protección común para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes.

Derechos garantizados desde el primer contacto

La iniciativa establece un conjunto de derechos que deberán ser garantizados desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia. Entre ellos se destacan:

• Trato digno, privacidad y prevención de la revictimización.
• Información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias.
• Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario.
• Participación en el proceso, aportando pruebas y ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave.
• Asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua.
• Medidas de protección urgentes ante situaciones de riesgo o intimidación.
• Reparación integral del daño por vía penal o civil.

Además, el régimen incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras y a evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido por la víctima.

Cambios en el Código Procesal Penal

El proyecto también contempla modificaciones al Código Procesal Penal de Córdoba para que los derechos reconocidos tengan aplicación efectiva.

Entre los cambios más relevantes se incluyen:

• La habilitación para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
• El refuerzo de la obligación de informar y notificar a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.
• Medidas para evitar la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias.
• Modalidades especiales de declaración en delitos graves, como violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.
• Participación de la víctima en decisiones como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba.
• Un nuevo artículo sobre juicio abreviado, que obliga a informar a la víctima en delitos graves como los que afectan la vida, la integridad sexual, la libertad o en casos de robos agravados y violencia de género.

Según el proyecto, estas reformas no introducen privilegios procesales, sino que buscan garantizar respuestas “rápidas, eficaces y útiles”, en línea con los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Observatorio de Víctimas y financiamiento

La iniciativa también prevé la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos dentro de la Legislatura cordobesa. Este organismo estará integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas.

Su función será elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia y protección.

Además, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos presupuestarios necesarios mediante reasignaciones o partidas específicas.

El significado de “Ley Joaquín”

El texto propone que la norma lleve el nombre “Joaquín” en referencia al caso de Joaquín Sperani, como un acto de memoria institucional y una señal pedagógica.

Según el proyecto, la denominación busca recordar que detrás de cada expediente judicial “hay personas, seres queridos e historias de vida que exigen del Estado una respuesta efectiva”.