La Provincia invertirá $4.500 millones en 2026 para fortalecer la inclusión, en medio de la tensión por la aplicación de la ley nacional.

En un contexto de fuerte crisis en el sistema de discapacidad a nivel nacional, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció la ampliación del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad con una inversión de 4.500 millones de pesos para 2026. La medida se da en paralelo a los cuestionamientos hacia la gestión del presidente Javier Milei por la demora en la reglamentación de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

A lo largo de 2025, el gobierno nacional buscó postergar la aplicación de la normativa que asigna fondos al sector, argumentando la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Recién a comienzos de este mes, y tras un fallo judicial, se reglamentó la ley, aunque persisten críticas por la centralización de la política de discapacidad en el Ministerio de Salud y por el atraso en los aranceles.

Desde el Centro Cívico, Llaryora evitó plantear el anuncio en términos de confrontación directa, pero dejó definiciones políticas claras. “Es bastante fácil que te cierren los números con todo el mundo afuera. Lo que tenés que perder es humanidad y corazón, y los que estamos acá no lo hemos perdido”, sostuvo. Y agregó: “No lo hacemos para diferenciarnos de nadie. Lo hacemos porque estamos convencidos”.

El gobernador busca consolidar el vínculo con instituciones y organizaciones que trabajan en discapacidad, ofreciendo respaldo económico y articulación en un escenario nacional adverso. “Hay un montón de cosas que quería hacer y que por cómo está la economía no las voy a poder hacer… pero acá hay un gobierno con corazón”, afirmó, admitiendo las restricciones presupuestarias.

Por su parte, la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, repasó la evolución del Fondo Provincial, creado por la ley 10.928. En 2024 se invirtieron 1.350 millones de pesos para financiar 165 iniciativas; en 2025 el monto se elevó a 3.500 millones; y ahora se proyectan 4.500 millones para 2026. A través de la línea “Fortalecer”, se apoyaron proyectos de inclusión laboral impulsados por instituciones y gobiernos locales.

“Creemos firmemente que sin el Estado no se puede, pero que con el Estado solo no alcanza. Es imprescindible el brazo extendido del Estado, y ese brazo son las instituciones”, expresó Montero, destacando que actualmente se acompaña a más de 350 entidades en toda la provincia.

En medio de un clima político marcado por tensiones entre la Nación y la Provincia, la decisión de Llaryora configura un gesto de posicionamiento: ocupar el espacio que, según su entorno, la gestión libertaria dejó desatendido.