El acusado de abusos sexuales a menores perdió el beneficio luego de un allanamiento en el que se secuestraron dispositivos tecnológicos prohibidos. La fiscal Juliana Companys ordenó su inmediato traslado a la cárcel.

Rodrigo Santi, acusado de abusar sexualmente de menores y quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en Villa María, regresó a la cárcel luego de que se comprobara el incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

Este martes, personal policial allanó la vivienda donde Santi transitaba el beneficio y secuestró diversos dispositivos tecnológicos, entre ellos un teléfono celular con aplicaciones como WhatsApp, Bancor, Mercado Pago, TikTok y Spotify, cuyo uso estaba expresamente prohibido. Ante esta situación, la fiscal Juliana Companys resolvió revocar la prisión domiciliaria y ordenó su traslado al establecimiento penitenciario de barrio Belgrano.

La medida se conoció apenas un día después de que se realizara la cuarta marcha en La Playosa, localidad donde ocurrieron los hechos denunciados, en rechazo a la prisión domiciliaria otorgada al imputado y en reclamo de justicia por las víctimas.

Un caso que conmocionó a la región

Rodrigo Santi, de 31 años, ex jefe de aspirantes de Bomberos de La Playosa y con cargos en la formación de cadetes a nivel provincial y nacional, está imputado por abuso sexual simple reiterado, abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil.

La causa se inició a fines de 2024, tras la denuncia por el abuso a un aspirante de 15 años. Con el avance de la investigación, surgieron numerosos testimonios y pruebas, incluidas conversaciones por WhatsApp, que reforzaron las acusaciones.

Santi había sido detenido y alojado en el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María, pero en diciembre obtuvo la prisión domiciliaria tras un pedido de su defensa, fundamentado en un supuesto deterioro de su salud mental. La resolución incluyó estrictas condiciones, entre ellas la prohibición absoluta de usar celulares, computadoras o internet, restricciones que ahora se comprobó que no cumplió.

Camino al juicio

En paralelo, la fiscal Companys confirmó que Santi accedió a un juicio abreviado, con una pena acordada de ocho años de prisión, tras haber confesado los hechos. El acuerdo fue elevado a la Jueza de Control Soledad Dottori para su evaluación.

Con la revocación de la domiciliaria, el imputado permanecerá detenido en una unidad penitenciaria mientras continúa el proceso judicial, en una causa que sigue generando fuerte impacto social y reclamos de justicia en la región.