La Justicia provincial determinó que el padre de la víctima, detenido desde agosto de 2025, afrontará un juicio oral por el grave delito tras una investigación que comenzó con una denuncia médica.

La Justicia de la provincia de Córdoba elevó a juicio oral la causa por abuso sexual infantil contra una niña de 11 años en la localidad de General Deheza, al sur provincial, informó recientemente la Cámara del Crimen de Segunda Nominación, que será la encargada de llevar adelante la instancia de debate.

La causa tiene como principal acusado a un hombre de 32 años, quien se encuentra detenido desde agosto de 2025 tras un operativo policial en la localidad de Pampayasta Sud, derivado de la investigación iniciada semanas antes.

El caso salió a la luz después de que la menor fuera atendida en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto por intensos dolores abdominales que inicialmente no se asociaron con abuso, pero que, tras estudios más profundos, permitieron detectar lesiones compatibles con un episodio de abuso sexual y una grave infección vaginal.

Según el relato de la investigación, el hallazgo médico activó el protocolo judicial para casos de violencia sexual contra menores, con la intervención de la Fiscalía a cargo del fiscal Daniel Miralles, quien promovió la elevación de la causa a juicio en diciembre de 2025.

Medios locales indicaron que, en aquella primera fase de la causa, la menor fue sometida a una diligencia de Cámara Gesell, donde brindó detalles de los abusos sufridos, lo que aportó elementos clave para la investigación.

En el marco del proceso penal, el acusado enfrentará una posible pena de prisión perpetua por los delitos de extrema gravedad tipificados en el Código Penal argentino. Más allá del padre, medios señalaron que otras personas cercanas al círculo familiar también fueron indagadas o vinculadas a la causa en distintas calificaciones, aunque la elevación a juicio apunta principalmente contra el progenitor.

El caso generó conmoción en la comunidad de General Deheza y la región, tanto por la gravedad de los hechos como por la atención y protocolos activados desde el ámbito médico y judicial para proteger a la víctima y avanzar con las medidas legales necesarias.