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El grupo Cartellone, con participación en la causa Cuadernos, presentó una de las mejores ofertas para la Ruta del Mercosur.
Luego de la modificación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, el Gobierno aclaró que “no hay ningún impedimento” para que empresas argentinas que estén involucradas en casos de corrupción puedan ser contratistas del estado.
La duda se generó cuando la Casa Rosada amplió la exclusión en la contratación pública de empresas que estén vinculadas con casos de corrupción y restringió a aquellas que tengan conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas, entre otras.
«No hay ningún impedimento», señalaron fuentes de Casa Rosada en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, y detallaron que quedan excluidas las sancionadas por organismos de crédito internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Causa Cuadernos
En el marco de las licitaciones para los corredores viales de las rutas 12 y 14 de la llamada “Ruta del Mercosur”, hay empresas relacionadas con la investigación de Cuadernos, como Autovía Construcciones, del grupo José Cartellone.
Se trata del Tramo Conexión, que abarca el puente Rosario-Victoria, que tendrá un nuevo peaje.
Qué dice la nueva norma
La medida del Gobierno fue formalizada mediante el Decreto 5/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.
De esta manera, las firmas que estén asociadas a dichos comportamientos por parte del Banco Mundial o el BID no podrán participar en procedimientos de contrataciones o concesiones de obras públicas, ni en provisión de bienes y/o servicios que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional.
La decisión busca fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas, al reconocer que la normativa anterior presentaba “impedimentos operativos” para su correcta aplicación.
Hasta ahora, la exclusión de una empresa de una licitación pública se ceñía estrictamente a si su inhabilitación por el BM o el BID se debía a casos de corrupción, denominados como cohecho transnacional (soborno a funcionarios extranjeros) bajo los términos de la Convención de la OCDE.
Sin embargo, el decreto explica que los listados de inhabilitados de los bancos multilaterales no especifican la causa exacta de la sanción. Esto obligaba a los organismos contratantes a realizar una verificación imposible para constatar si la restricción se vinculaba a corrupción, obstaculizando la exclusión efectiva de empresas con historial de irregularidades.
La nueva disposición simplifica la causal de inelegibilidad para obras, servicios y bienes. A partir de ahora, toda persona humana o jurídica incluida en las listas de inhabilitados del Banco Mundial o del BID será directamente excluida de participar en cualquier licitación mientras persista su condición.
La inhabilitación aplicará para un amplio abanico de prácticas sancionables, incluyendo:
- Prácticas corruptas y fraudulentas.
- Colusorias (acuerdos para falsear la competencia).
- Coercitivas y obstructivas.
- Apropiación indebida.
- Cualquier otra causal que haya motivado su inclusión en el listado de los bancos de desarrollo.
Según el decreto, esta medida es necesaria para “asegurar la efectividad del mecanismo de exclusión” y evitar que empresas con antecedentes de irregularidades participen en procedimientos de contratación del Estado argentino.
El decreto comenzará a regir a los 15 días corridos desde su publicación y se aplicará a todos los procedimientos de selección que se autoricen o convoquen a partir de esa fecha.
