El eje en este tramo de la megacausa giró en torno a la cartelización de la obra pública. Lo que declararon los empresarios.

El Tribunal Oral Número 7 concluyó este jueves la lectura de la segunda parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal del desprendimiento de la causa de los cuadernos correspondiente a “La Camarita”, y se acerca la etapa de las cuestiones preliminares en el expediente.

El eje en este tramo de la megacausa giró en torno a la cartelización de la obra pública, mecanismo que, de acuerdo a la acusación, funcionó durante más de una década en el área de Dirección Nacional de Vialidad Nacional.

En ese marco, se repasó la confesión del ex financista Ernesto Clarens y otros imputados que describieron cómo un grupo de 19 empresas acordaba la distribución de licitaciones y el pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En la audiencia de este jueves se detalló cómo fue el pacto entre empresarios y funcionarios para sostener un esquema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y otros, junto a empresarios como Carlos Wagner y el propio Clarens.

Según el Ministerio Público Fiscal, la estructura estaba destinada a generar beneficios económicos ilegales mediante negociaciones espurias vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. El método consistía en exigir porcentajes del valor de las obras, usualmente entre el 3% y el 20%, que eran entregados como retornos a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos.

Carlos Wagner, por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó en su declaración que el sistema comenzaba con reuniones en las que las empresas acordaban quién se quedaría con cada obra y el valor que incluiría la dádiva; después trasladaba la información a José López, quien la remitía a funcionarios de Vialidad Nacional para incluir esos montos en los listados de pagos mensuales.

Para ello, el rol de Clarens era clave: recibía el dinero, lo convertía a dólares pese a las restricciones cambiarias y se lo entregaba a López. Como imputado colaborador, explicó que las empresas preferían pagar el 3% a su sistema antes que descontar certificados de obra en los bancos, donde las tasas eran más altas y los plazos de cobro imprevisibles.

El ex financista describió también el funcionamiento interno de Vialidad: López elaboraba mensualmente un listado de pagos que derivaba a colaboradores como Fredes y Passacantando, aunque este último no tenía capacidad para decidir los desembolsos. 

Los empresarios, urgidos por deudas acumuladas, negociaban directamente con el exsecretario de Obras Públicas y luego acudían a Clarens para entregar el porcentaje acordado.

Las declaraciones

Según los dichos de Clarens, el endeudamiento crónico de la DNV con las empresas provocó que López implementara un mecanismo para buscar frenar la acumulación de certificados: pedía a las compañías que redujeran el ritmo de obra, aunque esto las perjudicaba. Muchas estaban al borde del concurso preventivo y dependían de los pagos del Estado para sobrevivir.

Por otra parte, Ernesto Clarens señaló que el sistema atravesó dos etapas. La primera, entre 2004 y 2010, implicaba el pago de un retorno del 10% del contrato en cuotas mensuales. Tras la muerte de Néstor Kirchner, el mecanismo mutó y López concentró el control absoluto sobre la recaudación, exigiendo el 3% de lo cobrado y gestionando quién entraba o no en los listados de pago.

El Ministerio Público concluyó que pese a los conflictos y las molestias, el esquema seguía sosteniéndose porque tanto funcionarios como empresas terminaban ganado. La llamada “Camarita” elaboraba mensualmente listados detallados con las obras adjudicadas, los montos, los sobreprecios y un ranking de compañías cartelizadas.

Clarens aseguró que nunca intervino en la selección de adjudicatarios, pero sí trasladaba a López las quejas de los empresarios, quienes, aun sabiendo que el Estado demoraba los pagos, debían cumplir con los retornos para no quedar fuera del circuito. En varias ocasiones, relató, debió llamar personalmente a las empresas para reclamar el 3% correspondiente.

La acusación del fiscal Carlos Stornelli señala que estos acuerdos configuraban auténticos pactos corruptos: los empresarios obtenían favores del Estado, mientras que los funcionarios se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita. Los pagos ilegales estaban siempre ligados a decisiones oficiales como la liberación de fondos, la adjudicación de obras, la extensión de concesiones o la entrega de subsidios.

Cómo sigue

El juicio se reanudará el próximo martes 16 a las 13.30 , cuando está previsto que se lea el descargo de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra para pasar a la valoración de la prueba.