“Se intimó a las partes para que paguen más de US$ 500 millones, pero no pagaron”, lamentó Luciani.

El fiscal federal de la causa Vialidad que condenó a seis años de prisión a Cristina Kirchner, Diego Luciani, sostuvo hoy que «hay que por lo bienes» de la ex mandataria y que esa es la «pelea» que está dando, ya que el decomiso que se dispuso tras el juicio que la declaró culpable por administración fraudulenta «está firme pero no se ejecuta».

«El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes», sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires en un hotel porteño.

Y agregó: «Esa es la pelea que estamos dando, con distintas presentaciones que hemos hecho. Y esperamos que el tribunal haga lugar a lo que estamos pidiendo, que es simplemente cumplir con una sentencia firme».

Días atrás, Luciani y su par Sergio Mola reclamaron mediante un dictamen al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares).

«En nuestra acusación de más de 70 horas demostramos que los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en paralelo a las funciones de la administración pública que cumplían, instauraron en la provincia de Santa Cruz un auténtico sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública», remarcó Luciani.

E insistió: «Fíjense lo obsceno del desvío. Lázaro Báez, que no tenía bienes registrables cuando comenzó el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, adquirió en 12 años más de 420.000 hectáreas. Yo a ustedes les pregunto: ¿qué son 420.000 hectáreas? Son 20 ciudades de Buenos Aires. Esto es la corrupción. Más de 400 inmuebles, estancias, departamentos, hoteles. Más de 900 bienes muebles, vehículos, camiones, aviones. 55 millones de dólares fugados al exterior».

El fiscal lamentó que «esto es lo que le quitan a las personas más vulnerables, por eso hablamos que la corrupción y la gran corrupción atenta contra los derechos humanos».

Remarcó que «desde hace más de 30 años el país está siendo atacado por gobernantes corruptos que se enriquecen de manera obscena a costa del sacrificio de la sociedad, la corrupción es un atentado contra la democracia, nuestro artículo 36 de la Constitución Nacional así lo establece».

Luciani advirtió que «durante el gobierno anterior» de Alberto Fernández los fiscales y los jueces fueron «sometidos a todo tipo de operaciones y presiones impensadas en democracia, por el simple hecho de realizar su trabajo.

«No solo hubo una agenda anticorrupción, sino que hubo acciones concretas para lograr la impunidad de altos funcionarios juzgados por hechos graves de corrupción. Por eso no dudaron en atacar a fiscales y jueces honestos, en amenazar, en hostigar «, lamentó.

En esa línea, recalcó que padecieron «intromisiones increíbles en democracia por parte del presidente Fernández, por parte de sus ministros, por parte de otros funcionarios que hoy ocupan cargos todavía».

«La más grave fue cuando el mismo presidente Alberto Fernández, dos días después de mi alegato (en el juicio que condenó Cristina Kirchner), en un programa de televisión, dijo ´Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide´. Una aclaración: la hipótesis investigativa es que a Nisman lo mataron», continuó.

Por último, sobre el caso de Cristina Kirchner, Luciani dijo que «lo importante es que hoy la pena se está cumpliendo» y que «la sociedad ve que una persona que ha cometido un delito tan grave durante tanto tiempo está cumpliendo una pena bajo la modalidad que lo está cumpliendo», en referencia a la prisión domiciliaria que lleva a cabo en su departamento del barrio porteño de Constitución.