Tolosa Paz propone una comisión bicameral y no hay acuerdo en ese punto todavía.

La creación de la comisión investigadora de la tragedia vinculada a la comercialización y uso del fentanilo contaminado, que contabiliza cerca de un centenar de fallecimientos, se postergó una semana y habrá tiempo para que los autores de las distintas iniciativas se pongan de acuerdo respecto al formato que debería adoptar este órgano especial. 

Así lo comunicó la presidenta de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, quien explicó que la otra comisión a la cual los proyectos tienen giros, la de Asuntos Constitucionales no pudo reunirse en el día de la fecha porque su titular, Nicolás Mayoraz, se encontraba en la provincia de Santa Fe abocado a su tarea de convencional constituyente.

Con la presencia de familiares de víctimas, durante casi dos horas se analizaron en la comisión de Peticiones las propuestas de Silvana Giudici (PRO), Christian Castillo (Frente de Izquierda), Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). 

Al cabo de las deliberaciones, Lospennato anunció que habrá una reunión de asesores este viernes para acercar posiciones, y detalló que la idea es convocar a una nueva reunión de Peticiones el martes y un plenario junto a Asuntos Constitucionales el jueves con el objetivo de dictaminar de manera unificada.

El punto de discordia

Tolosa Paz plantea la creación de una comisión bicameral con el argumento de que de esa manera el cuerpo tendría “mayor fuerza” para citar a los funcionarios del Gobierno cuestionados.

La propuesta de la ex ministra de Desarrollo Social del Frente de Todos fue cuestionada por diputados de algunos espacios, como por ejemplo por Democracia para Siempre, que a través de Juliano planteó que “la bicameralidad es dilatoria”.

En tanto, Lospennato adelantó su rechazo a la intención de crear una comisión bicameral porque ese formato “exige dos tercios de los miembros en el Senado para avanzar”.

Pese a los cuestionamientos a su iniciativa, Tolosa Paz anticipó que Unión por la Patria insistirá con un dictamen que plantee la creación de una comisión investigadora bicameral y anunció que para ello tiene el respaldo del bloque Encuentro Federal.

«A este drama y a esta crisis sanitaria con dejó 96 víctimas le corresponde el mayor grado de institucionalidad”, señaló.

El debate

Durante su intervención, Lospennato hizo hincapié en la necesidad de “encontrar la mejor solución institucional, sabiendo que hay una causa judicial que está avanzando” para determinar las causas y las responsabilidades de la crisis sanitaria del fentanilo adulterado.

“Nuestro trabajo no es investigar para asignar responsabilidades penales. Ojalá se asignen como correspondan para que cada uno tenga que pagar en esta causa pero ese no es nuestro rol”, aclaró. 

La diputada del PRO señaló que en la actualidad “hay un acuerdo generalizado de que ninguna de las medidas como allanamientos, secuestro de papeles, detención de locales, clausura de locales, intercepción de correspondencia, podrían ser facultad de esta comisión sin intervención de un juez porque lo más importante es respetar el debido proceso”.

Por último, consideró que “nadie debería querer sacar un rédito político de 100 familias que han perdido un ser querido”, por lo que pidió “trabajar con seriedad y responsabilidad”.

Por su parte, Giudici (PRO) instó a “darle sustancia a un organismo parlamentario que ayude a este reclamo en carne viva que nos hacen los familiares”.

Su propio proyecto de ley, explicó, “tiene que ver con repetir el esquema de la otra comisión que es Libra”. 

En sintonía con Lospennato, la diputada bullrichista aclaró que “de ninguna manera esta comisión tendría facultades de allanamiento o citación compulsiva a testimoniales, y superponerse con la investigación judicial que se lleva adelante”.

“Nosotros no vamos a interferir con la causa que lleva (el juez Ernesto) Kreplak. No vamos a generar contradicción abriendo instancias de testimoniales que retrasen la definición porque es algo que los familiares nos van a recriminar”, aseguró.

Sobre el caso concreto que provocó un brote a partir de la comercialización de ampollas contaminadas, Giudici afirmó que “hay responsabilidades del clan García Furfaro y también del personal profesional que trabajaba en la elaboración del fentanilo”. 

“Según hemos visto de comunicaciones que fueron publicas,.el personal de HLB sabía que estaba fabricando una bomba y así y todo seguían distribuyendo ese medicamento”, lamentó.

También hizo énfasis en la necesidad de “revisar la actuación de los organismos que habilitaron estos laboratorios a pesar de las alertas y de las inconsistencias en los papeles para la habilitación desde el 2016”. 

Por último, Giudici reafirmó el compromiso asumido con los familiares de “no generar un ámbito de cruce político, de acusaciones, de carancheo o de distintas implicancias políticas”. 

“Los familiares no tienen filiación política. No les importa de que bloque son los diputados que impulsan la búsqueda de la verdad y los acompañan. Tenemos que procurar la ayuda inmediata”, cerró.

A su turno, el diputado Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria) remarcó que él no estaba de acuerdo con “desligar la parte política de esta situación” y pidió poner el foco en ”determinar las responsabilidades del ANMAT y sus autoridades» como también más “hacia arriba”.

“Hay investigar hacia arriba: Ministerio de Salud, Capital Humano y al Gobierno de la Nación que pone autoridades al mando de estos organismos”, agregó.

Juliano, en tanto, reclamó dejar las diferencias de lado: “Si no hay ánimo de búsqueda, hagámoslo por humanismo porque los familiares se tuvieron que arrastrar para saber de qué habían muerto sus hijos”.

Castillo, por su parte, alertó que «la catástrofe sanitaria que estamos viviendo con el fentanilo contaminado muestra los límites de la política de desguace de los organismos de regulación y control”. 

En este sentido, el legislador del FIT comparó la falta de controles sobre la actividad de los laboratorios respecto de la ausencia de controles aueronáuticos cuando en 1999 aconteció la tragedia de Lapa.

Más allá de cuestionar las falencias de los controles estatales, hecho que relacionó con el despido de trabajadores de la ANMAT, el dirigente trostskista del PTS apuntó también a la responsabilidad empresarial de HLB Pharma.

«Vemos acá a un empresario que por ahorrar costos se trabaja en condiciones no óptimas en los laboratorios, terminó llevando al envenenamiento de estas personas”, dijo al respecto.