Más de 150 organizaciones del sector se reunieron con legisladores nacionales de Hacemos Unidos para pedir que se sostenga la ley vetada por el presidente.

El gobernador Martín Llaryora, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, participaron de un encuentro con representantes de más de 150 instituciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad. La reunión tuvo como eje el pedido urgente de que se mantenga vigente la ley de emergencia vetada por el presidente Javier Milei, y que apunta a garantizar derechos básicos como la actualización de aranceles y el fortalecimiento de las políticas públicas inclusivas.

Convocados bajo la consigna “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, el evento fue articulado por el Ministerio de Desarrollo Humano ante la solicitud de entidades como Capredis, Fundación Converger, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea de Trabajadores por la Inclusión).

Llaryora, quien se sumó a un tramo del encuentro, brindó su “apoyo explícito” al reclamo, y sostuvo que “esta ley no genera déficit fiscal, sino que representa un principio elemental de humanidad y justicia”. El mandatario destacó que “la integración educativa y laboral ha sido un logro colectivo, y no podemos permitir retrocesos por decisiones ideológicas”.

En la misma línea, Montero subrayó que el gobierno de Córdoba ya trabaja con fondos específicos para apoyar la inclusión laboral de personas con discapacidad y recordó: “Estamos ante una avanzada regresiva. Esta ley es fundamental para sostener derechos básicos”.

Los diputados nacionales de Hacemos Unidos —Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez— participaron del encuentro y ratificaron su compromiso de rechazar el veto en el Congreso. “Esto no es un gasto, es una inversión”, afirmó García Aresca. Sus pares Juan Brügge y Natalia de la Sota enviaron su respaldo pese a no poder asistir.

Durante el encuentro, las organizaciones presentes advirtieron sobre las consecuencias del veto presidencial. Carolina Armeloni (Capredis) fue contundente: “Esta ley no tiene impacto fiscal y si lo tuviera, que presenten una propuesta superadora. ¿De qué lado van a estar los legisladores?”. Federico Galíndez, de la Fundación Bonino, agregó que la actualización de aranceles representa apenas el 0,01% del PBI, “una cifra insignificante frente a otros rubros del presupuesto nacional”.

Martín Passini (Mesa de Trabajo en Discapacidad) y Julia Domínguez (ATI) coincidieron en que se trata de una quita sistemática de derechos. “Nos están tratando de entrampar con el discurso del déficit fiscal”, señalaron, y reclamaron que el Congreso restituya la norma.

Gianna Mastrolinardo, joven activista por los derechos de las personas con discapacidad, cerró el encuentro con un mensaje claro: “Queremos dejar de soñar una vida digna. Queremos tenerla”.

Finalmente, Montero detalló que Córdoba destina más de 127 mil millones de pesos al año en políticas públicas vinculadas a la discapacidad, incluyendo educación especial, salud, deporte adaptado y programas de inclusión laboral. “No se puede seguir sosteniendo este sistema si la Nación se desentiende”, concluyó.