El ex presidente fue procesado por el juez Casanello por negociaciones incompatibles con la función pública. Le dictaron un embargo por más de $14.600 millones.

Este jueves, el juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el marco de la denominada causa «Seguros», e impuso un embargo por $14.634.220.283 sobre sus bienes.

La causa investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros públicos, a partir de un decreto dictado por Fernández, que habría beneficiado a intermediarios vinculados a su entorno. En particular, el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de la entonces secretaria privada María Cantero, también fue procesado junto a su esposa por el mismo delito .

Un informe de PROCELAC, aportado en mayo, reveló que Fernández facturó servicios profesionales a Martínez Sosa por aproximadamente $4.257.000 entre 2010 y 2019, con la última factura emitida el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de asumir la presidencia. El juez Casanello también recién asumido en febrero, ordenó revisar documentación y profundizar la investigación.

Con este es el segundo procesamiento que afronta Fernández; el primero ocurrió en abril, por presuntas lesiones y amenazas contra su ex pareja, Fabiola Yáñez, siendo confirmado por la Cámara Federal.

La resolución del juez incluyó la afectación de bienes por más de $14.600 millones, consolidando la medida más gravosa de toda la investigación. Además, Casanello recibió testimonios que vinculan al expresidente con decisiones que habrían favorecido, directa o indirectamente, a quienes estaban dentro de su círculo más cercano.

El procesamiento marca un hito: es la primera vez que un juez federal procesa a un expresidente por corrupción. El caso continúa en etapa de pruebas y podrían presentarse nuevos procesamientos y medidas cautelares, ante la complejidad de las irregularidades imputadas.