Con 56 votos afirmativos, la Cámara Alta aprobó una norma que actualiza las prestaciones, garantiza pensiones no contributivas y busca saldar la deuda histórica con personas con discapacidad.

Este jueves, el Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría el proyecto que declara la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de garantizar la actualización de las prestaciones, pensiones y derechos de las personas con discapacidad en todo el país.

La norma fue convertida en ley con 56 votos positivos, aportados por senadores del peronismo, radicalismo, bloques provinciales y los legisladores del PRO Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez. La sesión fue conducida por la senadora peronista Silvia Sapag, ya que el grueso de los legisladores de La Libertad Avanza, la mayoría del PRO y algunos bloques provinciales no asistieron por considerar inválida la convocatoria.

El proyecto incluye puntos clave como:

• Recomposición de las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023, ajustadas por inflación acumulada.
• Actualización del nomenclador para establecer una indexación mensual automática de las pensiones no contributivas, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• El monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
• Se garantiza una pensión inembargable a personas sin recursos, mayores de 70 años o con discapacidad, siempre que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
• Se autoriza a la Jefatura de Gabinete a modificar el presupuesto para garantizar la financiación de las medidas.

Durante el debate, el senador de Convicción Federal, Fernando Salino, defendió el proyecto y remarcó la necesidad de modernizar y simplificar el trámite del CUD, además de actualizar el sistema de pagos a prestadores. “El nomenclador no se actualiza desde diciembre de 2024 y ese aumento fue de apenas 0,5%”, señaló.

Por su parte, el senador Luis Juez (PRO), padre de una hija con parálisis cerebral, realizó un emotivo discurso: “Los hijos con discapacidad son invisibles para la sociedad. Esta ley es un mínimo acompañamiento. Hace 25 años convivo con esta realidad y aún con prepaga es una lucha acceder a los tratamientos”.

Desde el bloque peronista, la senadora Stefania Cora destacó que se trata de una deuda histórica del Estado: «Pudimos construir la certeza de que este expediente es urgente. Esta ley pone requisitos claros y exige auditorías. Hoy damos un paso hacia una sociedad más justa”.

La nueva ley representa un avance significativo para visibilizar, proteger y asistir a un sector históricamente postergado, con un compromiso presupuestario y normativo que busca garantizar el acceso digno a la salud, la asistencia y la inclusión de las personas con discapacidad.