
Otro escándalo en la Policía: detuvieron al jefe de la Caminera y otros policías
junio 27, 2025
Cómo operaba la banda del jefe de la Caminera investigada en Córdoba: hay siete detenidos
junio 28, 2025El bloque de legisladores radicales cargó contra el Gobierno provincial y responsabilizó al ministro Juan Pablo Quinteros por el ascenso de Maximiliano Ochoa Roldan, hoy detenido por presunta corrupción.
Tras la detención de Maximiliano Ochoa Roldan, director de la Policía Caminera de Córdoba, el bloque de legisladores de la UCR emitió un duro comunicado titulado “La corrupción supera a la ficción”, en el que responsabiliza al Gobierno provincial por lo que califican como un nuevo escándalo institucional.
Desde el radicalismo apuntaron directamente contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al recordar que el ahora detenido fue ascendido recientemente por el propio funcionario, quien aseguró en declaraciones públicas que la foja de servicios de Ochoa Roldan era “intachable”.
“¿Cómo puede ser que el fiscal González, en tan poco tiempo, haya descubierto un entramado de corrupción como el descripto, sin que se haya hecho antes?”, cuestiona el texto, dejando entrever falta de control interno y negligencia política.
Los legisladores remarcaron que no fue el Gobierno quien impulsó la investigación, sino la Justicia provincial, a la que calificaron como “uno de los pocos poderes aún independientes en Córdoba”. Destacaron el trabajo del fiscal González, encargado de llevar adelante la causa.
El comunicado señala que este episodio se suma a lo que consideran una “corrupción estructural” dentro de las fuerzas de seguridad y la gestión de gobierno, tras 26 años de administración ininterrumpida del peronismo en la provincia.
Finalmente, el texto cierra con una frase irónica, en alusión al uso reciente de inteligencia artificial en el debate político cordobés:
“A los cordobeses les decimos: esto no es inteligencia artificial, esta es la realidad de nuestra provincia”.
La causa por la que fue detenido Ochoa Roldan aún se encuentra en etapa investigativa, pero ya genera repercusiones tanto judiciales como políticas en el seno del Ejecutivo y la oposición cordobesa.