Juzgan al hombre que intentó robar el auto del presidente de la Corte. El fiscal Diego Luciani descree de su versión y sospecha de una maniobra de inteligencia.

El intento de robo al vehículo oficial del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ocurrido en mayo del año pasado, sumó este domingo nuevos elementos de sospecha tras la declaración indagatoria de Damián Barruet, el acusado del hecho, ante el Tribunal Oral Federal 2.

Barruet, de 47 años, enfrenta cargos por haber intentado forzar la cerradura de la Toyota SW4 asignada a Rosatti, en pleno mediodía del 30 de mayo de 2024, en el estacionamiento reservado del máximo tribunal, mientras se desarrollaba una audiencia pública con la presencia del magistrado y otros jueces federales. Según la acusación, el imputado amenazó con un objeto punzante a un custodio y huyó a pie, siendo detenido dos cuadras más adelante por la Policía de la Ciudad.

Durante la audiencia judicial presidida por el juez Néstor Costabel, Barruet afirmó que desconocía a quién pertenecía el vehículo y que se acercó solo por curiosidad, con la intención de ver si encontraba un celular o computadora en su interior. Sin embargo, no pudo sostener su relato frente a las preguntas del fiscal Diego Luciani, quien expresó sus dudas sobre la versión del acusado: “Más allá del hecho, acá se busca saber qué hay detrás del hecho”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

Entre los elementos que despiertan sospechas figuran que Barruet portaba un handy —algo inusual para un ladrón común— y que no intentó sustraer ningún otro vehículo a pesar de que la zona estaba llena de autos oficiales. También llama la atención que no pudo recordar un solo número telefónico al ser detenido, lo que dificultó su identificación.

El fiscal Luciani dejó entrever que para la acusación no se trató de un robo al azar. “Alguien mandó al ladrón a abrir la camioneta asignada a Rosatti”, deslizó. Las imágenes de seguridad, junto con los testimonios de dos policías y un comerciante que presenció el hecho, fueron incorporados al expediente para reforzar la hipótesis de una posible maniobra de inteligencia o intimidación.

Barruet, oriundo de Córdoba, tenía al momento del hecho una orden de captura vigente desde mayo de 2023 por una causa de violencia de género, y registra más de diez antecedentes penales por robos, hurtos y resistencia a la autoridad.