Sindicatos cordobeses repudiaron la versión de un aumento unilateral del 1% al 1,8% por parte del Gobierno provincial. Advirtieron que esa decisión los pondría aún más por debajo de la inflación y denunciaron la ruptura del diálogo paritario.

Los principales gremios estatales de Córdoba manifestaron este lunes su enérgico rechazo a la posibilidad de que el gobernador Martín Llaryora otorgue aumentos salariales por decreto, sin acuerdo previo en las negociaciones paritarias, las cuales se encuentran estancadas desde hace semanas.

En un comunicado conjunto, organizaciones como el SEP, UEPC, Judiciales, Luz y Fuerza, Suoem, Sadop, Amet, Bancarios, Gráficos, Sivialco, Ademe, Casinos y la Federación de Municipales, entre otros, advirtieron que «no son una variable de ajuste» y exigieron que los salarios no sigan quedando por debajo de la línea de pobreza.

La preocupación sindical surgió tras conocerse versiones periodísticas que indican que el Ejecutivo provincial evalúa aplicar subas salariales del 1,8% en marzo y del 1% en abril, en línea con los parámetros establecidos por el gobierno nacional de Javier Milei. De concretarse, los trabajadores estatales perderían más de dos puntos frente a la inflación en solo dos meses.

“Tal actitud se contradice con el diálogo y el consenso que el Gobierno dice sostener como práctica, desconoce la representación colectiva que ejercemos y se aparta de los esquemas de negociación paritaria previstos en la Constitución y las leyes”, sostuvieron los gremios en el documento.

Los sindicatos remarcaron que la provincia posee superávit fiscal, según declaraciones del propio gobernador, y por eso consideraron inaceptable cualquier intento de ajuste sobre los salarios públicos.

“Las y los trabajadores estatales también somos ciudadanos de esta provincia. Reclamamos una justa y urgente recomposición salarial”, subrayaron, concluyendo que no abandonarán su lucha por un salario digno.

La tensión entre los gremios y el Gobierno provincial podría escalar en las próximas horas, en caso de confirmarse una decisión unilateral. Por el momento, los sindicatos evalúan próximas acciones en defensa de los derechos laborales y el poder adquisitivo de los empleados públicos.