Los misioneros Arce y Rojas Decut bloquearon la ley junto al kirchnerismo. La iniciativa no logró una mayoría absoluta (37) por un voto. La norma impactaba de lleno en la estrategia electoral de Cristina Kirchner

En una sesión menos tensa de lo previsto pero con un final inesperado, el Senado de la Nación rechazó esta noche la Ley de Ficha Limpia. El proyecto cosechó 36 votos positivos, quedando a solo uno de la mayoría absoluta (37) que se necesitaba para su aprobación. Al rechazo anticipado del Frente de Todos se sumaron los votos de los renovadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La norma proponía inhibir candidaturas de personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos contra la administración pública, entre ellos fraude, cohecho, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, según lo estipulado en el Código Penal. Si bien fue criticada por algunos sectores por no incluir otros delitos graves, para buena parte de la oposición representaba un paso clave en la lucha contra la corrupción política.

La votación expuso una fuerte grieta política. La senadora radical Mariana Juri, desde Mendoza, expresó: “¿A quién se le puede ocurrir que un condenado pueda ser candidato? Hemos fallado como sociedad si debemos legislar algo tan obvio”. Su correligionario Rodolfo Suárez destacó que en su provincia ya rige una ley más estricta.

Del lado oficialista, la kirchnerista Silvia Sapag descalificó el proyecto al calificarlo como “una proscripción encubierta” contra Cristina Fernández de Kirchner, argumento que repitieron varias voces del Frente de Todos. La senadora Florencia López fue más allá, acusando a la Justicia de actuar con parcialidad: “Tiene un parche en un ojo para perseguir al movimiento nacional justicialista”.

Por el contrario, desde el oficialismo libertario, el senador Bruno Olivera Lucero defendió la iniciativa como “necesaria para la salud de la democracia” y denunció que fue “bloqueada por maniobras políticas”. Guadalupe Tagliaferri (PRO) enfatizó que “no da lo mismo ser corrupto que no serlo” y que la ley representa un reclamo ciudadano por mayor ética en la política.

Pese a las diferencias, algunos discursos buscaron tender puentes. Juan Carlos Romero (Provincias Unidas) pidió “respetar el derecho de la ciudadanía a peticionar”, mientras que Alfredo De Ángeli (PRO) reconoció que “la sociedad pidió esta ley y nos quedamos cortos”.

En Diputados, el proyecto había sido moderado al eliminarse la llamada “cláusula Petri”, acotando la inhabilitación a sentencias confirmadas antes del cierre de los padrones. También se preveía un registro nacional de personas inhabilitadas, a cargo de la Cámara Nacional Electoral, y se extendía la prohibición a la designación en cargos clave del Ejecutivo y entes descentralizados.

Con el resultado de este miércoles, el proyecto vuelve a punto cero, dejando en el limbo una demanda que, según muchas voces, representa un límite ético largamente exigido por la sociedad.

Foto: Así votó cada Senador – votos a favor (verde) en contra (rojo) ausente (azul).