El gobernador exigió una solución definitiva y denunció una “violación al federalismo” por parte del Gobierno nacional. La deuda supera el billón de pesos.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó este martes de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del reclamo que la Provincia mantiene ante ANSES por la millonaria deuda vinculada a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Durante su exposición, Llaryora fue contundente: “Vengo como gobernador a reclamar y defender un derecho de los cordobeses y en especial de los jubilados”, señaló. Y agregó que “la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con la Provincia supera el billón de pesos, lo que equivale a casi un 50% de la inversión en infraestructura que realiza Córdoba”.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el Fiscal de Estado Jorge Córdoba, el ministro de Economía Guillermo Acosta y el ministro de Justicia Julián López. Fueron recibidos por el secretario de Asuntos Originarios de la Corte, Alejandro Rodríguez.

En la audiencia se acordó que en 15 días volverán a reunirse las partes para analizar propuestas concretas de resolución.

Llaryora remarcó que este reclamo es histórico y trasciende gestiones políticas: “Es la misma causa que defendieron De la Sota y Schiaretti. Este reclamo no tiene color partidario. Es un acto de justicia y de defensa del federalismo”.

Además, el gobernador denunció que el reciente DNU 280/24, mediante el cual el Estado Nacional suspendió los giros destinados a cubrir el déficit de las cajas previsionales no transferidas, constituye una violación a la Constitución Nacional y a los principios de coparticipación federal.

“El DNU 280 representa el punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con Córdoba”, sostuvo, y denunció un acto de “discriminación contra los jubilados de provincias que no transfirieron sus cajas previsionales”.

Llaryora pidió que la Corte Suprema facilite una resolución: “A la República le irá bien cuando todos cumplamos las leyes. No es una dádiva, es un derecho de los cordobeses que está siendo vulnerado”.