La decisión del Ejecutivo generó polémica en el trámite para jubilaciones y provocó opiniones encontradas.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 982/2024, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros. El objetivo de la medida es simplificar los trámites previsionales y, según las autoridades, remover “barreras innecesarias” que obstaculizan a los ciudadanos.

La resolución derogó el registro que había sido creado por la gestión kirchneristamediante la Resolución 479/2014, que establecía que los ciudadanos debían recurrir a abogados o gestores habilitados y registrados en ANSES para realizar trámites vinculados a prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De esta manera,se buscaba regular quiénes podían representar a los beneficiarios ante el organismo con el objetivo declarado de garantizar un marco de profesionalización en los procesos.

En el documento oficial, se detalló que la eliminación de este registro se alineó con las directrices del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que había declarado la emergencia pública en materia económica, financiera y administrativa. Este decreto había establecido un programa de desregulación con el fin de remover normativas que, según la visión del actual gobierno, impedían el “normal desarrollo” de las actividades económicas. La medida formó parte del proceso de transformación administrativa enmarcada en la Ley N° 27.742, también conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue uno de los principales impulsores de la derogación y expresó su postura en redes sociales. “Seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía,” escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Sturzenegger destacó que con la Resolución 982/24 se derogó el registro creado en 2014, el cual,en su opinión, había sido una medida que “restringía el derecho de la gente de tramitar su jubilación al obligarlos a contratar un abogado o gestor”.

El funcionario explicó que este tipo de restricciones eran vistas como una “cabina de peaje” que favorecía a ciertos sectores profesionales en detrimento de los jubilados. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos, ”afirmó. En ese sentido, consideró quela eliminación del registro devolvía a los ciudadanos la libertad de decidir cómo y con quién gestionar sus trámites previsionales, sin la necesidad de contratar intermediarios registrados por ANSES. “Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el presidente Javier Milei quiere eliminar,” agregó Sturzenegger.

“Le quitamos a la ciudadanía barreras que afectaban sus libertades individuales,” afirmó el texto oficial. Además, la resolución subrayó que la derogación buscaba evitar “nuevos costos, tiempo y esfuerzo” para los ciudadanos, permitiéndoles llevar adelante sus trámites con mayor libertad. En línea con las reformas más amplias que lleva adelante el gobierno, el objetivo fue establecer un nuevo paradigma en la interacción entre los ciudadanos y la administración pública.