Desde la Oficina de Presupuesto del Congreso se estimó un impacto de 0,14% del PBI para este año, o el equivalente a $738.595 millones. Obtuvo con holgura dos tercios de los votos.

En una nueva derrota para el oficialismo libertario, como ocurrió con jubilaciones, la oposición sancionó en el Senado la ley que de Financiamiento Universitario y dejó al Gobierno a la vera de un nuevo veto presidencial. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios.

De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.

Como miembro informante, el flamante presidente de la comisión de Educación de la Cámara alta, el camporista Eduardo De Pedro, acusó al Gobierno de atacar “directamente los principios fundamentales de la educación”. El legislador, esta noche preocupado por el tema, tardó nueve meses en presentarse como integrante de la comisión que en la actualidad comanda.

“Si el presidente veta esta ley, que es sólo el 0,14% del PBI para las universidades argentinas, confirmamos que otra vez estamos ante un proyecto para muy pocos”, aseguró De Pedro. Además, dijo que la inversión en el área en discusión “es un elemento esencial de nuestro modelo productivo” y contribuye a “agregar valor en cada una de las provincias”.

Desde la Unión Cívica Radical, el catamarqueño Flavio Fama manifestó que el proyecto “no busca incrementar el presupuesto, hay que decir la verdad”. En ese sentido, indicó que la ley intenta “resguardar los gastos de funcionamiento, que representan menos del 10% del gasto asignado a estas instituciones”. Tampoco olvidó de resaltar las auditorías que se realizan sobre el área.

A partir de ahí, varios legisladores cruzaron datos sobre el aumento que otorgó el Ejecutivo y lo devengado en los papeles, junto a las auditorías. Por caso, Fama recordó que la suba de 270% anunciada tiempo atrás por el Ministerio de Capital Humano fue “sólo a la Universidad de Buenos Aires”, a la que halagó como “buque insignia”, pero que “no representa a todo el sistema”.

“¿Qué hicieron cuando eran gobierno y no se les subió un peso a todas las instituciones?”, preguntó el libertario Bruno Olivera, que habló de revisiones que detectaron fondos que “no se canalizaron de manera eficiente”. El sanjuanino enfatizó que, al iniciarse la gestión de Javier Milei, se giraron de inmediato $14.000 millones que “se debían” -con 60 días de retraso- del último gobierno kirchnerista. “Un país que apuesta al desorden está destinado al fracaso. Tenemos una meta bien clara de equilibrio fiscal y no se negocia”, concluyó.

Otro radical, el bonaerense Maximiliano Abad, primero señaló: “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”.

Seguido a ello, aseveró que “del otro, un Presidente que ya decidió que vetará la ley”. Y precisó: “¿Se entiende la magnitud de semejante contraste? Una sociedad que pide recursos para la educación; un gobierno que se los niega. Por eso, el papel del Congreso es fundamental. Por eso no da lo mismo cómo nos posicionamos ante este tema. Más que nunca, tenemos representar fielmente a quienes, con su voto, nos dieron la responsabilidad de ocupar estas bancas”.

Ya en los cierres del debate, el peronista disidente Juan Carlos Romero criticó a sindicalistas por “no hablar de la calidad educativa” y deslizó que fue “un error hacer política creando universidades” en la última década, “duplicación de oferta a poca distancia”. “Si un 85% de los recursos va a salarios, hay carreras humanistas que no necesitan tanto equipamiento, pero para las técnicas no alcanza si se gasta ese 85% en salarios”, concluyó el senador salteño.

Desde el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) subrayó que “el verdadero objetivo” del Gobierno libertario “es transformar las conciencias y decirnos que si se está en mal estado, vamos a estar mejor si le pisamos la cabeza al de al lado”. Respondió el jefe de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy): “Merecemos educación sin ideología, sin utilizar el dinero de los argentinos en política. Diciendo la verdad. Empecemos a contar la verdad”.