Rige en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de este año. La explicación oficial y las prohibiciones a partir de la resolución.

De acuerdo a lo establecido en la resolución 275 publicada en el Boletín Oficial, esta medida se tomó teniendo en cuenta que durante las estaciones de otoño e invierno “se agravan las situaciones de sequía, sumado a heladas tempranas y olas de calor recurrentes, afectando especialmente a las zonas serranas y a las agro-ganaderas”.

A su vez, remarcaron los daños que provoca el fuego tanto a nivel personal como las “gravísimas consecuencias patrimoniales, afectando la producción, el turismo y otras numerosas actividades, como así también la destrucción de áreas naturales, el deterioro de la flora y fauna, lagos, la desertificación y erosión del suelo, por lo que se impone la obligación de arbitrar las medidas necesarias para prevenir dichas consecuencias”.

Por esta razón, desde el Ministerio de Seguridad hicieron hincapié en la importancia de “prevenir, combatir o neutralizar los efectos dañosos de aquellas actividades que conlleven riesgo de incendio” y, por lo tanto, es facultad de esa cartera, a cargo del ministro Juan Pablo Quinteros, “la ejecución del Plan Provincial de Manejo del Fuego, mediante la implementación de todas las medidas tendientes a prevenir y combatir incendios rurales y forestales en el territorio provincial, así como declaración de alertas ambientales por riesgo de incendios”.

Sobre el final de la resolución recordaron que está prohibido en tierras públicas de la provincia de Córdoba el “encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.