Bullrich cargó contra el libertario durante el debate. La institución Argentina insignia en la materia publicó un comunicado. 

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cruzó en el segundo debate al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, por la venta de órganos y el libertario respondió con cifras, lo que motorizó el pronunciamiento del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). 

«Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción», afirmó anoche Milei, en respuesta a Bullrich. 

En esa polémica, el Incucai se manifestó mediante un comunicado: «Para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital, y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos».

«Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos para que los mismos sean viables para el trasplante», indica el texto.

Además, precisaron que una muerte con esas características se producen en —aproximadamente— 4 de cada 1000 casos y agregaron: «Dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos, y no solo el argentino». 

En esa línea, la institución resaltó que el sistema de donación y trasplante argentino tiene reconocimiento mundial: «Su organización, su marco legal y su sistema de registro, que garantizan la trazabilidad de los procesos y la transparencia».

También el Incucai señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió a la Argentina como uno de los tres Centros Colaboradores en materia de Donación y Trasplantes en el mundo con España e Italia.

«Es preciso señalar que cualquier persona que tiene conocimiento sobre un hecho vinculado a la donación y el trasplante realizado fuera del marco legal puede denunciarlo; en el caso de ser un representante del poder legislativo tiene la obligación de hacerlo», subraya el texto. 

Y finaliza: «Reiteramos nuestra preocupación sobre afirmaciones que, sin fundamentos, ponen en entredicho un sistema que año tras año le da una oportunidad a miles de personas que esperan un trasplante para salvarse o recuperar su calidad de vida».