Así lo afirman quienes acusan a la Vicepresidenta y su hijo Máximo. Por orden de Casación, se hará el juicio oral y público contra más de veinte acusados. 

Los fiscales Diego Velasco y Mario Villar acusan que la sociedad Hotesur y Los Sauces funcionó como una “pantalla” para llevar adelante contratos “simulados” para recibir dinero de privados a quienes la Vicepresidenta Cristina Kirchner benefició con licitaciones durante su gestión.

Velasco, el fiscal que tendrá a cargo la acusación durante el juicio, y Villar, su superior ante la Cámara Federal de Casación Penal, mantuvieron que el juicio debía realizarse para analizar los varios contratos que Lázaro Báez por un lado y Cristobal López por el otro tenía con el matrimonio Kirchner.

En el caso de Lázaro Báez, ya condenado por la “ruta del dinero k” a diez años de prisión, y a través de Austral Construcciones tenía como único cliente al Estado Nacional, en el gobierno de Cristina Kirchner. 

Asimismo, los pagos de Austral Construcciones y las empresas Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla por otro, eran mientras Lázaro Báez se convertía en el mayor contratista del Estado. Sumado a eso, la investigación por la cesión de obra pública vial demostró la concentración de obras en la provincia de Santa Cruz, donde aquel predominaba. 

También la acusación de los fiscales apuntan a los complejos habitacionales que a la firma Los Sauces pagaban las empresas de Cristóbal López. Justamente, hay pendientes peritajes para analizar esos contratos que se realizarán ahora que la causa vuelve al Tribunal Oral para realizar el juicio.

Parte de la argumentación fiscal en contra del sobreseimiento que habían dictado los jueces es que debía llevarse a cabo el juicio porque no había prueba nueva incorporada como sí habían determinado los magistrados Daniel Obligado y Adrián Grünberg, al valorar elementos de la causa Oil Combustibles y caso Vialidad.

La imputación de los fiscales y las pruebas tienen que ver con los contratos y justamente derribaron el argumento sobre que los mismos están bancarizados. Algo que los jueces habían valorado como indiciario que no se había cometido delito.