A tres años del crimen de Blas Correas a manos de efectivos de la Policía de Córdoba, la familia del adolescente realizó una misa en la Catedral.

Este domingo se cumplieron tres años del asesinato de Blas Correas, el adolescente de 17 años murió al ser baleado en la ciudad de Córdoba en 2020 por la Policía de Córdoba, crimen por el cual fueron condenados 11 policías, dos de ellos a prisión perpetua. En su momento, el Gobierno cambió la cúpula policial. Tiempo después, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, fuertemente cuestionado, dejó el cargo. 

En ese marco, la familia convocó a una misa en la Catedral que se llevó a cabo por la tarde y de la cual participaron el arzobispo Ángel Rossi, los padres de Blas –Soledad y Blas Fernando–, además de familiares, amigos y allegados a la familia.

Soledad Laciar agradeció la ceremonia y reiteró que ahora Blas descansa en paz, aunque insistió en su lucha en contra de la violencia institucional. “Me alegra que haya mucha gente acá y creo que vamos a ser muchos los que vamos a seguir luchando por la violencia institucional”, aseguró la mamá de Blas.

“Gracias a la familia, los miembros de la Justicia, a los políticos que se comprometieron. A los que no se comprometieron les pido que lo hagan. Este camino se me hizo mucho más fácil por todos ustedes que me acompañan”, remarcó Laciar.

“Por más formados que estén y más allá de que incorporen armas menos letales, tiene que cambiar el trasfondo. El Nunca Más para la Policía tiene que ser una consigna también entre ellos. Si el próximo gobierno no trabaja en esto, vamos a seguir lamentando nuevos casos de gatillo fácil”, agregó Laciar en declaraciones a medios locales.

Blas fue asesinado el 6 de agosto de 2020 por policías que no debían haber estado trabajando. Además, le plantaron un arma. El juicio dejó 11 condenados

La familia de Blas Correas, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y académicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) impulsan la Ley Blas. El proyecto busca modificar el Código Penal e introducir penas más severas en los casos de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y militares.