Los apuntados por los chats son los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques y el fiscal porteño Juan Batista Mahiques, además del ministro de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro.

El Gobierno nacional anunció que denunciará este miércoles penalmente a los jueces y fiscales involucrados en el chat que reveló el viaje a Lago Escondido, a la estancia del magnate inglés Joe Lewis. La denuncia será presentada en la Justicia de Bariloche. 

Los cargos que motivan la presentación son incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, admisión de dádivas, cohecho agravado y tráfico agravado de influencia, entre otros previstos en el Código Penal.

La denuncia del Gobierno nacional será la segunda presentada en un juzgado por el escándalo de Lago Escondido, luego de la realizada por el abogado el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien este martes volvió a presentarse ante la Fiscalía Federal de Bariloche, en Río Negro. 

Los apuntados por los chats de Lago Escondido son el juez Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la SIDE); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergot (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino del CEO sobrino de Héctor Magnetto). 

Hertzriken Velasco consideró que teniendo en cuenta la presentación efectuada hace «40 días», cuando se conoció la realización de este viaje a propiedades que el magnate inglés Joe Lewis posee en la zona cordillerana de Río Negro, sea «tenido como acusador particular y parte querellante en el proceso». 

«Como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometieron, también como abogado y más precisamente como Presidente de la Fundación de Abogados Querellantes», señaló en su escrito el letrado. 

El domingo pasado, trascendió en contenido de unos chats que mantuvieron los involucrados, quienes intentaban coordinar una versión falsa sobre este viaje con la intención de evitar una investigación judicial por dádivas. 

Ahora, este viaje está siendo investigado en la justicia, y Hertzriken Velasco calculó que la «dádiva» de los empresarios a los jueces ronda entre los 5.000 y 10.000 dólares. Por eso, el letrado consideró que la situación amerita sus detenciones ante el peligro de «entorpecimiento investigativo», y también pidió el secuestro de los teléfonos celulares involucrados, el allanamiento de los despachos de los magistrados y los resúmenes bancarios del último mes, entre otras medidas. 

En el mismo pedido, el abogado solicitó el desafuero de los jueces y su llamado a indagatoria.