La tasa de pobreza es del 43,1%, mientras que la de indigentes se ubicó en 8,1%, de modo que afecta a 8,5 millones de personas.

Cerca de 17 millones de argentinos son pobres, mientras que 8,5 millones son indigentes, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El trabajo indicó que la tasa de pobreza trepó al 43,1% durante 2022, mientras que la de indigencia llegó al 8,1%.

El trabajo subrayó que, en los últimos 10 años, la pobreza creció 15 puntos porcentuales.

En esa línea, describió que los nuevos pobres son “clases trabajadoras de sectores medios y populares, vulnerables a las crisis, a la falta de trabajo y a la inflación. Mientras tanto, los pobres estructurales logran protegerse reproduciendo una economía informal de subsistencia, que nos los saca de la pobreza, pero al menos la alivia”.

El trabajo de la UCA indicó además que, en caso de no existir las asistencias sociales que dispone el Estado, la pobreza afectaría al 50% de la población y la indigencia llegaría al 20%. En esa línea precisó que el 40% de los hogares donde vive el 50% de la población fue asistido por algún programa oficial o complementario.

El relevamiento oficial del INDEC de la pobreza recién tendrá lugar en marzo del año próximo.

El análisis de la UCA sobre la pobreza en Argentina

“Ni las políticas de liberalización económica, ni las políticas de asistencia social son suficiente por sí solas para promover un modelo de desarrollo equilibrado en lo productivo y en social, con capacidad de incluir en un mismo proyecto político-económico a los agentes productivos, a los sectores del trabajo y al Estado, integrando social y laboralmente a la sociedad de los excluidos al modelo social”, sostuvo el trabajo.

La UCA indicó que la tasa de pobreza se amplía con “sectores de la clase media baja los han pasado a conformar una nueva capa de nuevos pobres”.

Además, explicó que, si para medir la pobreza se mensura el acceso a la salud y la alimentación, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos, al trabajo y a un hábitat saludable, entre 2010 y 2022, casi sin cambios relevantes, el 70% de la población estuvo afectado en al menos uno de estos derechos fundamentales”. En tanto, el 48% en al menos dos ellos y el 30% en tres o más.

“En términos poblacionales, esta última cifra implica que al menos 13 millones de argentinos sufren de una exclusión severa en acceso a bienes y servicios de inclusión social”, afirmó el trabajo de ODSA.

A su vez, consideró que, si la Argentina logra dominar la inflación y ubicarla en menos de un dígito, la pobreza podría bajar entre 10 y 15 puntos porcentuales.

La UCA sostuvo que “no es el aumento de los precios sino la no de creación de nuevos empleos, el deterioro de los existentes y la caída de las remuneraciones, lo que genera desequilibrios”.

Asimismo, señaló que “la composición de la población económicamente activa durante el período 2010-2022, es evidente que no sólo el sistema productivo es altamente heterogéneo, sino la también la estructura social del trabajo”.

“La participación de la suma del desempleo y las subocupaciones inestables vienen subiendo casi ininterrumpidamente, alcanzado este año al 32% de la población económicamente activa”, añadió.

Frente a este contexto remarcó que,  si “se suman los trabajos regulares pero precarizados (28%), la suma de los problemas de empleo alcanza al 60% de la fuerza de trabajo, equivalente a 12 millones de trabajadores”.

A partir de este escenario se concluye que “sólo el 40% de la población económicamente activa cuenta con un trabajo decente o digno, sea a través de un empleo asalariado o no asalariado”.

Para la UCA “esta fuerte segmentación laboral se vincula estrechamente con la pobreza crónica y su aumento a lo largo de más de una década”.

El informe señaló que “en los hogares pobres, menos de 2 de cada 10 trabajadores logran acceder a un empleo pleno, mientras que, en los hogares no pobres, aunque en descenso, más de 5 de cada 10 trabajadores lo logra”.

Si bien debido a la inflación crece el fenómeno de los trabajadores pobres de manera generaliza a partir de 2018, en los sectores micro informales y de la economía social, su empobrecimiento es previo y se inicia en 2012.

El trabajo recalcó que, a partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de COVID-19 (más del 31% si se considera a los cesanteados), la pobreza de trabajadores se instaló en un nuevo nivel estructural: 29,8%.

“Una particularidad del ciclo económico actual (posterior a la pandemia) es que coexiste un importante crecimiento del del empleo, pero no se recuperan los ingresos laborales”, concluyó.