Franco Picardi aseveró que el expresidente fue responsable del armado de un «plan sistemático» de inteligencia paralela.

El fiscal federal Franco Picardi imputó al expresidente Mauricio Macri como supuesto responsable del armado de un «plan sistemático» de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y su hermana Florencia Macri.

Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos. 

El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.

«Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas» por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal. 

«Lo que tienen en común, a priori, es la sospecha de intervención de las máximas autoridades de la Agencia, en el marco de la planificación, coordinación y ejecución de tareas prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal», señalo Picardi. 

A párrafo seguido, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que esos «extremos podrían ser demostrativos del uso ilegal de herramientas de inteligencia como parte de planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal». 

«Dichas circunstancias imponen profundizar las investigaciones desarrolladas hasta aquí en la dirección apuntada, mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI», sostuvo el fiscal antes de reclamar que se extrajeran testimonios para evaluar la posible participación de otras personas. 

En una presentación aparte, en la que se refirió específicamente a esta pretendida «extracción de testimonios», el fiscal aseguró que en razón de la multiplicidad de causas abiertas por casos de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos «se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri». 

También requirió indagar sobre el rol de las «personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal». 

En ese contexto, señaló casos de supuesto espionaje en los que el expresidente podría tener personal interés como aquellos que tuvieron por víctima a su entonces principal opositora, la senadora Fernández de Kirchner; o los que tuvieron como espiados a su hermana Florencia Macri y su pareja Salvatore Pice o al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon. 

En el caso de Alconada Mon, el propio periodista referenció que las supuestas tareas de espionaje que lo tuvieron por víctima ocurrieron cuando investigaba al hermano de Macri, Gianfranco, por el caso conocido como Panamá Papers, y a su primo Ángel Calcaterra, por la causa del soterramiento del tren Sarmiento. 

Por otra parte, al referirse al pedido de elevar a juicio la causa por el espionaje al domicilio de la Vicepresidenta y al edificio del Instituto Patria -sede política del kirchnerismo-, el fiscal sostuvo que ya no quedan pendientes medidas de prueba en relación con Arribas, Majdalani, al jefe de Operaciones Especiales de la Dirección Operacional de Contrainteligencia Alan Ruiz, y al titular de esa dirección, Martín Coste.

Arribas, Majdalani y Ruiz están procesados por supuesto espionaje ilegal y por falsedad ideológica por haber producido documentos con contenido presuntamente falso para intentar dotar de legalidad las maniobras de inteligencia prohibida mientras que Coste fue acusado solo por la producción de esos documentos. 

Las actividades de inteligencia ilegal que se desplegaron en ese caso «se realizaron bajo dos modalidades en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión», sostuvo el fiscal.

«Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo», relató en esa causa un testigo de identidad reservada, según consta en el dictamen.

Esas maniobras intentaron ser justificadas ante la Comisión Bicameral de Inteligencia primero y ante la justicia después como tareas vinculadas a la posibilidad de que la entonces senadora fuera blanco de un ataque en el marco de la Cumbre Internacional del G20 llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires por aquellos días.

Arribas y Majdalani «crearon una Dirección de Operaciones Especiales inorgánica a la que le asignaron recursos, autos, oficina y nombraron como director allí a Alan Ruiz», sostuvo el fiscal, y luego aseveró que los exjefes de la AFI tenían una relación «directa y sin intermediarios» con ese funcionario, por lo que «no existían reglas escalafonarias en esta relación dentro de la AFI». 

«Ruiz fungió como nexo entre la decisión de las máximas autoridades de la AFI de realizar tareas de inteligencia ilegal en contra de Cristina Fernández de Kirchner -Arribas y Majdalani- y la concreción de dichas tareas desplegadas por agentes de calle de la AFI de cargos jerárquicos inferiores. ¿Por qué? Porque era una persona de confianza de ambos, por sus vinculaciones previas» ya que «provenía del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich», puntualizó el fiscal. 

Picardi reseñó además que durante el gobierno de Macri se devolvió a los fondos de la AFI el carácter de reservados, lo que dotó de «opacidad» a ese organismo para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas. 

La causa por el supuesto espionaje al Instituto Patria se inició el 20 de febrero del 2020 a partir de la denuncia articulada por la entonces Interventora de la AFI, Cristina Caamaño, la cual fue fundada en el hallazgo de documentos internos y manifestaciones puntuales de diversos agentes, quienes dieron cuenta de presuntos hechos de inteligencia ilegal. 

El caso tramitó primero ante la justicia de Lomas de Zamora porque allí estaba radicado el expediente en el que se investigaba si había dirigentes políticos que pudieran ser blanco de ataques de supuestos grupos anarquistas ante la inminencia de la Cumbre del G20.