“En la forma alevosa que dispararon los policías contra el vehículo, no queda ninguna duda que había intención de matar a todos», dijo Manuel Gutiérrez.

Uno de los abogados querellantes en el juicio por el asesinato del adolescente Blas Correas ocurrido en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, manifestó este lunes que “por milagro no fueron cinco los muertos” cuando los policías, en un control de seguridad, balearon el automóvil en que se movilizaba el joven de 17 años.

“En la forma alevosa que dispararon los policías (Lucas Gómez y Javier Alarcón) contra el vehículo, no queda ninguna duda que había intención de matar a todos los ocupantes del auto. Por milagro o por la gracia de un ser superior no fueron cinco los muertos”, manifestó a Télam el abogado Manuel Gutiérrez, representante de Mateo Natali (19), uno de los chicos que acompañaba a Blas.

Gutiérrez dijo que “la decisión de matar se manifiesta claramente porque todos los disparos impactaron en el automóvil y muy cerca de los ocupantes”.

Asimismo el abogado dijo que la conducta desplegada por los suboficiales Gómez y Alarcón, al “disparar a matar” pone en evidencia que “en la policía está naturalizado que si un vehículo no se detiene en un control el primer recurso es disparar el arma, cuando por protocolo debería ser el último recurso”, aseveró.

“No tengo dudas que el juicio está transitando hacia la condena efectivos de todos los imputados”, sostuvo el abogado querellante.

No obstante se manifestó “pesimista” en cuanta a la posibilidad de que eventuales penas ejemplificadoras modifique la mentalidad de los policías: “La conducta de disparar como primer recurso está naturalizada”, reiteró y a los efectos de reforzar ese patrón citó como ejemplo durante este juicio “no manifestaron arrepentimiento” por lo que hicieron.

Mosquera y Cumplido estaban al tanto

Este lunes se realizó la 19° audiencia del juicio en el marco de esta causa, que tiene a policiales acusados con distintas responsabilidades, y se dio a conocer un audio de un diálogo que pone en evidencia que el entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y el subdirector de Seguridad de la Capital, Gonzalo Cumplido, estaban al tanto de que los policías habían ‘plantado’ un arma para justificar los disparos al automóvil.

Ese diálogo, que se incorporó como prueba nueva, fue en un bar y tuvo como protagonistas a Cumplido y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Lucas Mezzano.

En tanto los miembros del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y del jurado popular también receptaron los testimonios del comisario Claudio Bustamante, jefe del Departamento Homicidios y del subcomisario Luis Quevedo.

La audiencia se extendió hasta las 19.10 y pasó a cuarto intermedio hasta el próximo jueves, a las 9.

En este juicio, que comenzó el 7 de setiembre en los tribunales de la ciudad de Córdoba y con proyección de extenderse hasta marzo del próximo año, se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando cinco adolescentes circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, y evadieron un control policial, porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien según la pesquisa disparó en dos oportunidades.

Ambos afrontan cargos como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de «falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público», ya que se les imputa, entre otras cosas, haber «plantado» un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.