Entre las urgencias de la gestión y los nuevos embates opositores contra la administración provincial, la propuesta va perdiendo chances de ser tratada en el recinto.

“Se va a dilatar”. El diagnóstico sobre la resolución del debate en torno a las re-reelecciones en unos 290 municipios de la provincia es unánime. Sucede que las agendas políticas que actualmente cruzan a las fuerzas políticas que concentran la representación en la Legislatura de Córdoba es otra. Está atravesada por urgencias de gestión, para el oficialismo, y el lamentable reverdecer de las críticas opositoras a algunos de los temas más acuciantes del presente cordobés, la (in)seguridad, la situación social y el estado de las finanzas provinciales.

Obviamente que el reclamo de los jefes y jefas comunales no se aparta del debate. Sobre todo del interno. Luego de una serie de desencuentros, comunicados cruzados, y (por lo bajo) permanente amenazas de ruptura, el radicalismo intentará reunir la semana que viene a todas las partes interesadas en el asunto para intentar, por enésima vez, llegar a un acuerdo que establezca los pasos a seguir. El acuerdo puede ser total, es la idea, o puede no contemplar a alguna de las partes. Todos analizan qué acciones podrían tomarse en caso de que alguien desoiga a la mesa.

El problema de la principal fuerza opositora es que tanto para avanza con la reforma de la ley electoral como para dejar todo como está, alguien tiene que ceder y debe hacerlo tomando el sentido diametralmente opuesto al que, para dentro y para afuera, viene sosteniendo. Un movimiento sensible al humor popular que casi ningún asesor político suele recomendar. 

Como sea legisladores radicales, autoridades partidarias, intendentes nucleados en el Foro de Intendentes Radicales, en el Mucora (Municipios y Comunas Radicales), y referentes locales independientes de ambos bloques se reunirán a comienzos de la próxima semana. “Es muy probable que terminen de plancharla”, sugirió un dirigente que mira la discusión con cierto asombro, como la mayoría de los integrantes de la militancia boinablanca, a quienes les gustaría estar avanzando en una estrategia más unificada donde el blanco sea el gobernador y el intendente,  los rivales a vencer el año próximo.

Los intendentes y las intendentas que defienden la reforma lo hacen leyendo esa coyuntura. No le corren el cuerpo a la discusión y advierten que el interior será clave para “empujar el cambio” en la gestión provincial. En clave caudillista, entienden que nadie mejor que los oficialismos en funciones para poder garantizar los triunfos necesarios que “generen el arrastre de abajo hacia arriba”.

Quienes creen lo mismo en el peronismo, por ahora, pierden con quienes interpretan que la fuerza se ejerce al revés. O en el mejor de los casos, de modo conjunto. Scharetti concentra el poder, la atención y los altos niveles de imagen positiva. Llaryora podría heredarlos, pero si bien hay intendentes que pueden garantizar sus victorias a partir de las propias administraciones, hay otros cuyo éxito está demasiado abrazado a la suerte del peronismo a nivel provincial. Para no relucir esas realidades, el peronismo del interior suele unificar las fechas electorales.

Durante el mes de agosto tendrá lugar en Córdoba una reunión del Frente Peronista Cordobés que integran, dirigentes, intendentes, legisladores, sindicalistas y referentes justicialistas identificados con el actual vicedirector del Banco Nación, Carlos Caserio. Si bien la justificación nodal del espacio se encuentra en el apoyo al Gobierno nacional y, por ende, las diferencias con la posición que al respecto exhibe el cada vez más opositor Juan Schiaretti, no se descarta que entre las posiciones generales que pueden acordarse en ese encuentro surja algún tipo de lectura respecto al debate en re reeleccionista. Hacia adentro, las lecturas también son divergentes. 

Hablar con Schiaretti es otra de los movimientos más extremos que se barajan entre intendentes e intendentas radicales que buscan releer el artículo 7 de la norma electoral reformada en el 2016, pero por el momento es solo una posibilidad. ¿La otra? Una presentación colectiva ante la Justicia. Eso, dicen, tendría sentido y legitimidad si las firmas dan cuenta de un deseo multipartidario. De lo contario, más allá del resultado, el “costo” podría ser facturable solo al sector firmante. Y esa precisamente es la cuestión que dilata la definición, nadie quiere hacerse cargo.

Mientras tanto, la vuelta

La Legislatura volvió del receso de invierno el miércoles y nada parece haber cambiado demasiado en respecto a su vida y funcionamiento. Como era de esperarse, a sesión estuvo signada por la voluntad del oficialismo y los intentos de la oposición.

Esta semana, la gestión y el clima de campaña marcaron el pulso de la sesión cuando el oficialismo aprobó la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio financiero 2021. Allí, las voces opositoras se elevaron para corear cuestionamientos sobre el estado de las finanzas provinciales y pusieron el ojo sobre la subejecución presupuestaria, principalmente en las áreas sociales. Una de las críticas que más circuló, con mayor o menor fuerza según el caso, es la que advierte sobre “el ahorro” que el Estado cordobés genera para utilizar luego con “fines electorales”.

Entre la enumeración de problemáticas que partieron desde las bancas opositoras hubo también lugar para la política de Seguridad, el talón de Aquiles recurrente en la gestión Schiaretti de los últimos años. De hecho, sobre el final de la sesión, María Rosa Marcone y Gerardo Grosso pidieron tratar, de modo excepcional sobre tablas, un proyecto de ley en el que se pide “sanear la Policía de Córdoba y erradicar todas las prácticas que atentan contra su dignidad”. En menos de un minuto, el oficialismo lo negó dos veces.

Vale recordar que semanas atrás, el radicalismo había ingresado proyectos para aumentar la presencia opositora en el Tribunal de Conducta Policial, mientras Juntos por el Cambio, en pleno, solicitó el apartamiento del máximo responsable de la cartera de Seguridad provincial. A comienzos de semana, la Coalición Cívica presentó un proyecto para motorizar el Juicio Político contra Alfonso Mosquera. En el pedido, que es acompañado por las dos bancas de Encuentro Vecinal Córdoba, Cecilia Irazusta advierte que existe una “clara relación entre el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y los hechos de violencia institucional”, denuncia que “desde el 2020, la cifra de cordobeses asesinados a manos de la Policía de la Provincia no ha parado de crecer” y describe un rechazo generalizado de la ciudadanía al manejo político de la seguridad provincial.

El mismo miércoles, el cuestionado ministro volvió a exponer el apoyo institucional que recibe del gobernador Schiaretti al estar sentado en el escenario desde donde el mandatario anunció la incorporación de 2.761 nuevos domos de última generación, destinados a la videovigilancia en Córdoba capital, Gran Córdoba, Río Cuarto, San Francisco, Carlos Paz y Villa María. “En Córdoba trabajamos y trabajaremos todos los días del año para hacer retroceder el delito y la inseguridad que tanto preocupan a nuestra gente. Y para eso no vamos a escatimar los recursos económicos ni humanos que hagan falta”, dijo Schiaretti durante el anuncio, lo que hace presumir que los cambios reclamados por los espacios opositores difícilmente lleguen a tener su tratamiento en el recinto legislativo dominado por Hacemos por Córdoba.