Pese al anunciado aumento del 40% de las tarifas de colectivo en el AMBA, el Interior sigue muy perjudicado en el reparto de subsidios. Hay varios proyectos presentados para corregir esas asimetrías.

En medio de la crisis del sistema de transporte público de pasajeros en varias ciudades del Interior del país y los persistentes reclamos transversales por la inequitativa distribución de los subsidios que privilegia al AMBA en desmedro de otras jurisdicciones, el ministro nacional del área, Alexis Guerrera, se presentará mañana en la Cámara de Diputados para exponer la visión del Gobierno nacional.

El anuncio de la semana pasada a cargo del jefe de Gabinete, Juan Manzur, acerca del incremento en un 40% de las tarifas de colectivos en el AMBA es sólo un paliativo que no da respuesta a las carencias de recursos del interior, razón por la cual desde el Gobierno se estudia seriamente la posibilidad de una ampliación presupuestaria en el corto plazo.

Las asimetrías son evidentes y justifican los reclamos: mientras que el AMBA concentra el 87% de los subsidios, el resto del país -donde hasta el anterior censo vivía el 63% de la población total- recibe el restante 13% de los fondos.

La mayoría de las provincias del país realizaron ajustes en las tarifas de colectivo en los años de pandemia, en tanto que en el AMBA los precios del boleto no se mueven desde el 2019, y recién ahora va a tener un aumento del 40%, de acuerdo a lo anunciado.

Las diferencias son notables ya que en el AMBA las tarifas de arranque se ubican en los 18 pesos, mientras que en las provincias van desde los 24 hasta los 80 pesos. En el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de los 24 hasta los 80 pesos, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinen a este sector.

Con la actualización del 40%, las tarifas en el AMBA van a quedar igualmente atrasadas (o más baratas) respecto del valor del boleto en el resto del país.

En este marco de tensiones y fuertes reclamos, la comisión de Transportes, que tendrá la tarea de analizar ocho proyectos presentados sobre la materia, recibirá al ministro y a representantes del Comité Federal del Transporte (COFETRA) desde las 10 de mañana.

Un dato a resaltar es que quien asumió como presidente de la comisión es el radical jujeño Jorge «Colo» Rizzotti, un hombre que responde al gobernador Gerardo Morales, quien en este tema en particular sobre los subsidios al transporte defiende intereses contrarios a los del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El debate en la Cámara de Diputados tiene lugar luego de que el Gobierno sincerara sus intenciones de traspasar las competencias de control y regulación de las 32 líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno porteño, de manera tal de desligarse de la obligación de enviar una masa enorme de subsidios a esta jurisdicción.

En la comisión expondrán los autores de los proyectos y luego comenzarán las negociaciones para la búsqueda de consensos. Se están analizando en paralelo dos tipos de propuestas. Por un lado, la inyección concreta de recursos al Interior para atender la coyuntura, y por el otro iniciativas que apuntan a modificar la raíz del problema que tiene que ver con el esquema desigual en el reparto de los fondos al transporte público.

Los autores de los ocho proyectos presentados son el propio Rizzotti, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), los cordobeses Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) y Víctor Hugo Romero (UCR), los santafesinos Enrique Estévez (Partido Socialista) y Mario Barletta (UCR), la mendocina Jimena Latorre (UCR) y el rionegrino Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro).

Casaretto asegura que su proyecto tiene el aval de los gobernadores de todos los signos políticos y del Ministerio de Transporte. Esta iniciativa plantea la continuidad del Fondo Compensador del Transporte Automotor del Interior, pero financiado a través de dos vías: fondos del Tesoro Nacional, partiendo de un piso de 35.000 millones de pesos; y al menos el 50% de los ingresos del SISTAU, provenientes del impuesto al gasoil.

El proyecto del cordobés Romero, que es el que reúne mayor consenso dentro de la oposición. apunta a ampliar las partidas presupuestarias para el Interior de los 46.000 millones actuales a 62.000 millones. Es decir, un suplemento de 16.000 millones para lo que resta del año. Sin embargo, ya dejan saber que los 62.000 millones ya estarían quedando cortos por la aceleración que está tomando la inflación, por lo que deslizan que la cifra debería estar por encima de los 70.000 para compensar el salto de precios.

La iniciativa presentada por Jimena Latorre propone la creación de un Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros Automotor urbano y suburbano por la suma de 72.500 millones de pesos. Pero además apunta a reformar la matriz del sistema al establecer tres criterios objetivos a partir de los cuales la autoridad de aplicación, el Ministerio de Transporte, deberá tener en cuenta para el reparto de los fondos a las jurisdicciones.

Estos parámetros son la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de choferes y empleados afectados a la prestación del servicios, y la cantidad de unidades (colectivos). En un artículo que afectaría sensiblemente a la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto dispone que en ningún caso podrá destinarse más del 30% de la totalidad del Fondo Único a una misma jurisdicción.