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El hombre, oriundo de Río Tercero, fue baleado este lunes en la ciudad de Iquitos. Se detuvieron a dos sicarios.
Este lunes, en la ciudad de Iquitos, Perú, fue asesinado el empresario Sergio Fontanellas.
Oriundo de la ciudad de Río Tercero, el hombre, que se dedicaba a la venta de embarcaciones fluviales, estaba viviendo en ese país.
El crimen habría ocurrido en un bar de la calle Samanez Ocampo, cerca de la hamburguesería “Chato Burguer” de la ciudad de Iquitos, mientras miraba el partido Perú-Australia.
Tras ser herido de bala, Fontanellas fue trasladado hasta el hospital donde los médicos certificaron su deceso.
En un rápido operativo, la policía detuvo a dos sospechosos que fueron trasladados hasta la policía del lugar para continuar con las investigaciones.
En tanto, Radio Onda Mix de Perú señala que desde hace un tiempo Fontanellas, tenía problemas con su socio, y estaba en disputa legal con algunos predios y embarcaciones fluviales.
Sobre Fontanellas:
Fontanellas se radicó en Perú en 1988. Se casó con la hija de un importante empresario fluvial y fundó empresas navieras que prestaban servicios de navegación a las petroleras Techint, Pluspetrol, Repsol y Oxy, entre otras. El país era gobernado por el polémico Alberto Fujimori.
El empresario riotercerense fue acusado de haber recibido dinero (unos cuatro millones de dólares) del exjefe de inteligencia Vladimiro Montesinos entre los años 1998 y 2006, «proveniente del tráfico de drogas» para «lavarlos» a través de la conformación de empresas navieras en Iquitos. Fontanellas soportó incluso un pedido de captura internacional y un proceso de extradición en Argentina, que fue desestimado por la Justicia Federal. Además de la incautación de todos sus bienes en Perú.
La investigación había sido iniciada en 2005 a partir de la declaración de un testigo arrepentido, y en 2015 Fontanellas había sido beneficiado con la absolución por la Cuarta Sala Penal de Lima, fallo que fue ratificado en octubre del 2018 por la Corte al rechazar un pedido de nulidad de la fiscalía. Se determinó que los delitos no se acreditaron y hubo una «inadecuada valoración de los testimonios», entre otras consideraciones.
